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sábado, 4 de julio de 2009

Exponen persecución política en Madrid, Caracas y Miami

La politización del sistema judicial venezolano está generando un creciente saldo de personas detenidas y perseguidas con casos abiertos en las cortes civiles y penales de Venezuela, y promueve la criminalización de opositores, indicó un extenso documento dado a conocer el jueves.

El informe Justicia Bolivariana Vs. Estado de Derecho, que fue lanzado el jueves simultáneamente en Madrid, Caracas y Miami, documenta el caso de 51 perseguidos políticos que han sido encarcelados o mantienen juicios civiles o penales abiertos en la actualidad. Varios de ellos se encuentran fuera del país, como es el caso de Carlos Ortega, Manuel Rosales y Patricia Poleo.

Sus autores son Gonzalo Himiob y Antonio Rosich, ambos abogados y académicos venezolanos, y el jurista Robert Amsterdam, de la firma Amsterdam & Peroff de Toronto y Londres. Amsterdam es famoso por su defensa de Mikkail Kodorkoswky, el presidente de la firma petrolera Yukos encarcelado por desafiar el poder de Vladimir Putin.

Himiob, Rosich y Amsterdam forman parte del equipo defensor del banquero venezolano Eligio Cedeño, en prisión desde junio del 2007 por haber prestado cooperación presuntamente a importantes líderes de la oposición en Venezuela.

El informe revisa exhaustivamente las actuaciones del poder judicial venezolano desde el 2001, cuando el presidente Hugo Chávez estableció una Comisión Judicial para controlar el nombramiento de jueces y magistrados, y concluye que las decisiones están motivadas por razones políticas y no estrictamente legales.

''Chávez tiene el control completo del sistema judicial penal en Venezuela, y lo usa como un arma contra quienes son percibidos como opositores políticos'', indica el documento. ``Su gobierno y sus partidiarios acosan a aquellos que no se alinean políticamente e ideológicamente con la Revolución Bolivariana y usan distintas maneras para perseguir a sus oponentes políticos, que incluyen (entre otras cosas) asaltos en los medios, violencia, censura y cargos penales falsos''.

Con el fin de contrastar las afirmaciones del informe, El Nuevo Herald intentó obtener una versión oficial pero varias llamadas al Ministerio de Información en Caracas no fueron contestadas.

Igualmente, se afirma en el documento que más de 250 estudiantes que fueron detenidos por participar en protestas por el cierre del canal televisivo RCTV, en mayo del 2007, se encuentran actualmente sometidos al régimen de libertad condicional, y con prohibición, dijo Himiob a El Nuevo Herald.

El documento de 53 páginas detalla cómo magistrados del Tribunal Supremo de Justicia manifestaron abiertamente su adhesión al proyecto político de Chávez, entre ellos uno de sus presidentes, Omar Mora, que se comprometió públicamente a sacar de sus cargos a los ''jueces golpistas'', y a promover una ``justicia revolucionaria''.

Los elementos comunes a estos casos de persecusión judicial incluyen denuncias a través de medios de comunicación, imputación de cargos falsos, asignación de los casos a jueces leales al régimen, violaciones al debido proceso, falsicación y manipulación de pruebas por parte de fiscales, sentencias erróneas y de conocimiento de las decisiones de tribunales.

Fuente: Miami Herald

26/06/09

jueves, 18 de junio de 2009

ONG exigen cumplir acuerdos internacionales

Hasta la entrada de Venezuela al Mercosur podría estar en riesgo ante la posición fijada por el Tribunal Supremo de Justicia en la nota de prensa en la que aseguró que el país "es inmune a los tribunales extranjeros".

Así lo aseguró el coordinador de Provea, Marino Alvarado, quien manifestó que la opinión del TSJ en sus diferentes sentencias de abrir la posibilidad de no acatar las decisiones de tribunales internacionales, aunque no tiene mayor incidencia fuera de las fronteras del país, crea una mala reputación a un Estado que firma constantemente convenios con otras naciones.

"Venezuela ha ratificado varios acuerdos económicos y forma parte de acuerdos de integración. Ha tratado de ingresar al Mercosur, por ejemplo, y este tipo de decisiones o de opiniones dificultan su ingreso o la permanencia de esos procesos de integración en los que participa. Eso le va a generar un problema al Gobierno".

Alvarado reiteró que Venezuela debe cumplir sus convenios en materia de patentes.

El miembro de Provea aseguró que está de acuerdo con que en materia comercial Venezuela no acepte la jurisdicción internacional, pero aclaró que los acuerdos ya suscritos bajo esas reglas deben ser acatados "de buena fe".

Derechos humanos. En cuanto al ámbito de los derechos humanos, el integrante del Foro Penal y Vive, Gonzalo Himiob, destacó que es un desconocimiento del TSJ pretender que la jurisdicción de los tribunales internacionales cesará sobre Venezuela por una opinión emitida a través de una nota de prensa.

"La ironía del gobierno de Hugo Chávez, que fue el que aprobó y validó la existencia de la Corte Penal Internacional en 2000, es que ahora venga a decir que esa justicia no tiene cabida".

Fuente: El Nacional
18/06/2009
Sección: nación / Página: 2

martes, 12 de mayo de 2009

La justicia venezolana se pone lentes oscuros para demostrar que es ciega

Al igual que lo hacen los delincuentes que se colocan lentes oscuros para pedir limosnas, aparentando ser ciegos, la justicia venezolana, ante el desprestigio mundial que tiene, por el triste papel que esta jugando como cómplice de un gobierno forajido, donde se utiliza a la justicia como herramienta política para la represalia y la venganza; ha decidido lavarse un poco el rostro, y colocarse lentes oscuros, intentando demostrar que es ciega de verdad.

Esta reflexión la hago con el propósito de llamar la atención a algunas opiniones de respetables venezolanos, quienes califican como una cortina de humo, los juicios anunciados por corrupción para Juan Barreto, Eduardo Manuitt Carpio, y otros connotados chavistas expulsados del partido de gobierno, pero aún identificados con el proyecto revolucionario de Hugo Chávez. Se especula, que el teniente Diosdado Cabello, uno de los nuevos ricos más prominentes del país, al fin será llevado a la justicia. Veremos para creer.

La credibilidad del sistema de justicia venezolano a nivel de nación ha caído dramáticamente. A nivel latinoamericano empieza a notarse con mayor intensidad y contundencia, la realidad que los venezolanos denunciamos al mundo permanentemente, de que en Venezuela no existe estado de derecho, y la justicia no es tan ciega como debería ser.

Condenar a 30 años de prisión a 7 policías y a 3 comisarios de la policía metropolitana por los hechos ocurridos el 11 de abril de 2002, sin ninguna prueba que los imputase como culpables, mientras que los verdaderos asesinos materiales de la referida matanza, fueron liberados y exonerados de toda culpa en un juicio rapidísimo y amañado, que no tiene parangón ni punto de referencia o comparación en la justicia latinoamericana.

El comentario de Hugo Chávez, hecho por radio y televisión en cadena, en una de sus tantas campañas electorales, de que metería preso a Manuel Rosales por corrupto, se tomó como una orden militar, y esta se cumplió diligentemente por todos los organismos del estado. Se inventaron y alteraron pruebas, erradicaron el juicio de su sitio natural del Zulia a Caracas, desempolvaron un expediente archivado y desechado por falta de pruebas contundentes, acosaron al indiciado en forma grosera y desproporcionada, e irrespetando su investidura de alcalde en ejercicio, prepararon y escribieron una sentencia anticipada de 30 años, antes de que se realizara la primera audiencia. Todas estas rarezas o patrañas obligaron a Manuel Rosales a ausentarse del país, para proteger su integridad física, la cual consideró estaba seriamente amenazada.

La forma como el chavismo, con leyes totalmente ilegales y violatorias de la constitución vigente, emitidas con evidente genuflexión por la Asamblea Nacional, y avaladas por la Fiscalía, el Tribunal Supremo de Justicia, y la Defensoría del Pueblo, han intentado imponer un sistema político socialista y abolir el sistema de gobierno descentralizado que tanto costó a los venezolanos concebir y aprobar, para dotar a las regiones de poder, antes concentrado en el poder nacional o de la presidencia de la República; demuestran en gran nivel de indefensión en que nos encontramos los venezolanos.

Para neutralizar al opositor alcalde mayor Antonio Ledesma, electo por el voto popular, crean un mamotreto de organización, con un funcionario nombrado a dedo, que pretende fungir de gobernador del Estado Capital, cercenándole los derechos políticos y ciudadanos al actual Alcalde Mayor, quién según la constitución debería asumir tales responsabilidades.

El caso del banquero Eligio Cedeño, quién está preso desde hace más de dos años, por un supuesto fraude tributario y desviación de recursos, que los jueces no han podido comprobar, es otra de las manchas imborrables que tiene la justicia venezolana. Está detenido, sin juicio ni sentencia de culpabilidad. Fue arrestado en febrero del 2007 por haber colaborado con el Consorcio MicroStar en la obtención de dólares para la adquisición de mercancías que no llegaron al país. Se dice que es un preso político personal del presidente Hugo Chávez.

Actualmente se lleva cabo una huelga de hambre en una de las cárceles del estado Anzoátegui, por presos comunes, huelga con la que se han ido solidarizando diferentes cárceles del país, quienes reclaman justicia y trato humano a sus casos. Al parecer son cientos de miles de expedientes de presos sin decisiones ni juicios, donde inocentes y culpables mueren a diario por diferentes razones, con condiciones de vida realmente inhumanas y deplorables.

Todas estas arbitrariedades violatorias de la constitución y de las leyes venezolanas, han sido cometidas impunemente con la participación activa y diligente del Tribunal Supremo de Justicia, quienes en una actitud extremadamente sumisa, evidenciando ampliamente, que desdice de su independencia, ya que actúa con parcialidad en favor del poder ejecutivo.

Nos preguntamos: ¿Qué otra cosa hacen los jueces venezolanos, además de cobrar un maravilloso sueldo, e irse de vacaciones 4 veces al años? Esa es la pregunta que se deben estar haciendo los presos comunes, inocentes o culpables que se encuentran sobre viviendo hacinados en las cárceles venezolanas, y los cientos de perseguidos políticos que están siendo arremetidos inmisericordemente por esta dictadura tiránica.

Es posible, que el chavismo se dio cuenta de lo inconveniente que es para la solicitada amistad de Hugo Chávez a Barack Obama, que el sistema de justicia venezolano sea tan parcial y muy poco profesional, como es sabido en gran parte del mundo, y pretenda intentar revertir esa matriz de opinión. En consecuencia decidió aparentar que en Venezuela la justicia se aplica correctamente, es imparcial y ciega, ya que empieza por casa.

Habría que esperar a ver si Hugo Chávez ordena juzgar a sus padres, hermanos, primos y sobrinos por corruptos, según se ha denunciado en diferentes ámbitos, por diferentes denunciantes. Seguramente, también invitará a su gran amigo y colaborador Rafael Ramírez a que pase por los tribunales de justicia para aclarar tantas demandas de corrupción que han ocurrido y ocurren comúnmente en PDVSA.

No es con el uso de lentes oscuros que el Tribunal supremo de Justica demostrará al mundo que es imparcial, independiente y ciega. Se necesita mucho más que eso. Personalmente creo que solo se trata de un lavado de cara, vistos los extremos jurídicos vergonzosos a los que se han atrevido llegar. Es posible también que se trate de un mea culpa de algunos jueces que se han decidido a no seguir ocultando lo inocultable, y desean recuperar algo de la vergüenza perdida, si es que han tenido alguna en el ejercicio de sus profesiones.

Publicado en: Analítica.com

Por: Guillermo A. Zurga

viernes, 1 de mayo de 2009

Aviso de prensa de ONGs venezolanas en periódicos de Trinidad y Tobago el 17 de abril de 2009


Un aviso fue publicado en la prensa de Trinidad y Tobago  por varias ONG's del país el 17 de abril denunciando los abusos del régimen de Hugo Chávez sobre los presos políticos dirigido a los Presidentes de la región que asistían a la Cumbre de las Américas.