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lunes, 23 de noviembre de 2009

Empresario venezolano es un preso político, denuncia abogado


Luego de dos años y nueve meses en prisión esperando para ser enjuiciado, mucho más tiempo de lo que permiten las leyes venezolanas, el empresario Eligio Cedeño deberá continuar otros ocho meses tras las rejas en una cárcel de alta seguridad en Caracas, en uno de los casos más emblemáticos de cómo funciona la justicia en Venezuela.
Tras emitir una orden de liberación del empresario bajo el argumento de que la detención “preventiva” de Cedeño por tanto tiempo era “desproporcionada” y no tenía justificación, la jueza Ana Villavicencio, a cargo de la Sala 8 de la Corte de Apelaciones de Caracas, cambió repentinamente de parecer y ordenó no sólo suspender la liberación, sino extender el plazo de encarcelamiento hasta mediados del 2010, tras una apelación de la fiscalía general.

El caso forma parte de una nueva ofensiva de sus abogados internacionales, anunciada esta semana en Miami, enfocada en España y Brasil para exponer secretos sobre la actuación de altos funcionarios, y cómo las presiones de alto nivel han mantenido a Cedeño en la prisión por tiempo indefinido.

Por ejemplo, mientras se tomaba la decisión de prolongar la prisión del empresario, “ordenaron el cierre de la corte para que no pudiera cumplirse la orden de libertad, violando principios constitucionales, con el objetivo de mantenerlo encarcelado”, dijo a El Nuevo Herald Robert Amsterdam, abogado canadiense de Cedeño, que coordina la ofensiva internacional.

Amsterdam denunció también que el gobierno ya ordenó un “prejuicio” para anticipar una decisión condenatoria contra el banquero.

“Ya hay una orden para acelerar el proceso y emitir una condena contra Cedeño para que no salga de prisión por largo tiempo, en violación de las leyes de Venezuela”, dijo Amsterdam. “Sencillamente Cedeño es un prisionero político y no lo van a liberar”, acotó el abogado.

El Nuevo Herald ha intentado obtener comentarios sobre el caso por parte de la oficina de prensa del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, pero los esfuerzos han sido infructuosos.

Según Amsterdam, uno de los principales obstáculos para lograr que Cedeño enfrente en libertad y no en prisión el juicio en su contra, proviene de presiones de alto nivel, principalmente del actual embajador venezolano en España, Isaías Rodríguez, que fue fiscal general de Venezuela.

“Rodríguez siempre estuvo muy molesto con Cedeño. Para el ex fiscal general encarcelar a Cedeño era una cuestión de honor”, dijo Amsterdam.

El Nuevo Herald no pudo obtener un comentario de Rodríguez, actualmente en Madrid. Un portavoz de la Fiscalía General de Venezuela dijo a El Nuevo Herald que la decisión de arrestar a Cedeño fue producto de una investigación de ese organismo y no de una persecución política.

“Nosotros no nos manejamos políticamente. Hay unas pruebas, unas imputaciones, y son los abogados de la defensa quienes deben desvirtuarlas”, dijo el funcionario que no se identificó porque no estaba autorizado a hablar.

Amsterdam ha denunciado desde el principio que el caso de Cedeño está motivado por razones políticas.

“Eligio Cedeño es un prisionero político porque el gobierno cree que facilitó la salida de oponentes de Chávez de Venezuela, en particular de un líder sindical, algo que no es cierto”, afirmó Amsterdam. “Esa es la motivación política del caso”.

Como retaliación, Cedeño fue involucrado en un caso de fraude tributario, contrabando y distracción de recursos que los jueces no han podido probar, indicó el abogado.

La Fiscalía General ha empleado 17 fiscales en el proceso judicial, una forma desproporcionada que ha rodeado el caso de intimidación y presiones inconcebibles en un sistema de justicia independiente, señaló.

Amsterdam detalló que el nuevo caso internacional que presentarán este mes de noviembre en España, añadirá nuevos elementos hasta ahora desconocidos del caso.

“Hemos entrevistado para este proceso a varios ex fiscales que participaron en el caso. Vienen revelaciones importantes”, adelantó Amsterdam, aunque no se explayó en detalles.

Dijo que dentro de tres semanas sostendrán varios encuentros con el Senado español, donde presentarán documentación abundante para sustanciar una petición individual para exigir que se le suspendan las credenciales diplomáticas al embajador Isaías Rodríguez.

“Se hizo diplomático porque necesita inmunidad, pero (Rodríguez) tiene que ser enjuiciado”, aseguró Amsterdam, adelantando sin embargo que por ahora no planea acudir a una instancia judicial española, para presentar un caso contra el ex fiscal general venezolano.

El abogado canadiense dijo que el mes pasado sostuvo un largo encuentro con el ex presidente de Brasil José Sarney, que actualmente preside el senado brasileño para exponerle el caso Cedeño, con los detalles de las violaciones al proceso judicial de que ha sido víctima no sólo el banquero sino también otros prisioneros políticos en Venezuela.

“Agradezco al ex presidente Sarney y a muchos otros funcionarios en el gobierno brasileño por su interés en proteger los derechos humanos básicos. El riesgo enorme que representa esta ausencia del imperio de la ley no solo se limita a los oponentes de Chávez, sino que algún día terminará dañando los negocios, inversionistas y gobiernos extranjeros que trabajan con Venezuela”, dijo Amsterdam sobre su encuentro en Brasil.

El ex presidente Sarney se ha mostrado abiertamente crítico del gobierno del presidente Chávez. Esta semana, en el marco de la discusión del Senado para aceptar a Venezuela como miembro del Mercado Común del Sur (Mercosur), declaró que el país petrolero era bienvenido a integrar el grupo de países, “pero Chávez no”.

El abogado dijo también que está esperando luz verde para participar en una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del senado brasileño, para discutir la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Amsterdam explicó finalmente las dos metas que considera prioritarias: lograr la liberación de Cedeño, y “asegurar que su reputación quede intacta”.

By CASTO OCANDO
cocando@elnuevoherald.com

elnuevoherald.com

martes, 28 de abril de 2009

Jueza denuncia el oscuro mundo de la justicia chavista


Jueza denuncia el oscuro mundo de la justicia chavista en el caso de Eligio Cedeño


El Nuevo Herald

Cuando la jueza venezolana Yuri López recibió un expediente en el 2007 que implicaba a un presunto enemigo del gobierno del presidente Hugo Chávez, nunca anticipó que su decisión de defender la autonomía judicial la obligaría a salir del país precipitadamente para garantizar su seguridad y la de su familia.

A mediados del año pasado, el Departamento de Estado aprobó de forma expedita su caso de asilo por razones políticas y la jueza, quien fuera titular del Tribunal 5 de Control del área metropolitana de Caracas, se estableció en Miami. En una entrevista con El Nuevo Herald, López reveló por primera vez un testimonio de primera mano que muestra una inusitada ventana al oscuro mundo de la justicia chavista.

"El sistema de justicia venezolano es una anarquía y actúa al margen de la constitución y las leyes'', aseguró López. "Es lo que diga Chávez, no hay autonomía ni de jueces ni de funcionarios judiciales en el país''.

López describió cómo los jueces en Venezuela reciben constantes presiones, son amenazados abiertamente y se les intervienen sus teléfonos, como estrategias para obligarlos a tomar decisiones que favorezcan los intereses del gobierno.

La jueza aseguró que cuando se negó a seguir instrucciones del despacho de un magistrado del circuito penal de Caracas, el más importante del país, fue acosada por la Guardia Nacional, recibió amenazas de despido, fue advertida de que su seguridad no estaba garantizada, y sufrió el intento de secuestro de su hijo de 11 años.

Explicando los detalles de su caso, tal y como los expuso ante los funcionarios federales que analizaron su petición de asilo, López narró su odisea tras desafiar a altos jerarcas del chavismo al admitir una querella presentada por el empresario venezolano Eligio Cedeño en contra de dos funcionarios de la Fiscalía General de la República.

Cedeño, considerado en ese entonces como un enemigo personal del presidente Chávez, es actualmente uno de los presos políticos más prominentes del sector empresarial en Venezuela. Desde hace dos años permanece detenido en una cárcel de alta seguridad acusado de presuntos delitos tributarios, de contrabando y de distracción de recursos.

Sus abogados, sin embargo, aseguran que su detención obedece a que prestó apoyo al líder opositor Carlos Ortega, actualmente bajo asilo político en Perú.

La jueza López aseguró que cuando admitió la querella por falso testimonio contra los dos fiscales, presentada por Cedeño, "comenzó la guerra en mi contra''. Los fiscales demandados eran Gabriel Estagno y José Gregorio Arreaza, a quienes Cedeño acusaba de haber mentido bajo juramento en el caso que la fiscalía seguía en su contra.

López dijo que durante los tres días previos a que tomara una decisión, recibió llamadas de abogados y altos funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia y de la Fiscalía General, "haciéndome ver que se trataba del caso de un enemigo del gobierno''.

Afirmó que una alta funcionaria judicial le ordenó expresamente "que me inhibiera, que me enfermara o que pidiera vacaciones'', para no tomar una decisión que afectara a los fiscales denunciados.

El mismo día en que recibió el expediente, la funcionaria "me dejó el mensaje de que si quería conservar mi cargo y por mi seguridad, debía inhibirme de tomar una decisión'', señaló.

Poco tiempo después, uno de los funcionarios de la fiscalía acusados en la querella, ‘‘entró violentamente al despacho para advertirme que iba a ser destituida, advirtiéndome que no sabía con quién me había metido''.

Cuando se negó a atender las presiones, la obligaron a tomar vacaciones y un inspector de tribunales llegó a su oficina para recusarla y sacarla formalmente del caso.

A partir de que aceptó la demanda, comenzaron las llamadas telefónicas de amenaza, la persecución de los cuerpos de seguridad del Estado y un intento de secuestro de su hijo menor, denunció la jueza.

"Unos desconocidos trataron de sacar a mi hijo de 11 años de la escuela sin autorización, afortunadamente llegué a tiempo para evitar el secuestro'', dijo López en su testimonio.

El Nuevo Herald trató de obtener una versión de las denuncias tanto de la Fiscalía General como del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, bajo cuya autoridad están las personas mencionadas, pero varios correos electrónicos y mensajes telefónicos no fueron devueltos.

Las denuncias de la jueza Yuri López coinciden con señalamientos hecho públicos por importantes organismos independientes dentro y fuera de Venezuela.

La Conferencia Episcopal Venezolana expresó esta semana sus críticas a "la creciente arbitrariedad en la administración de justicia, en la que no se trata a las personas desde su condición de ciudadanos, iguales ante la Ley, sino por su adhesión ideologica o militancia política''.

Según los obispos, "es inaceptable jurídica y éticamente que no se siga el debido proceso, que se apliquen medidas diferentes según el grupo al que se pertenezca, que se difame y condene a las personas antes de ser juzgadas, que se sentencie basados en argumentos que no tienen relación directa con las acusaciones y se condene sin pruebas fehacientes, que se apliquen penas desproporcionadas que manifiestan retaliación política''.

El más reciente reporte de la organización Human Rights Watch con sede en Nueva York, indicó que el gobierno chavista "irrespeta abiertamente el principio de la separación de poderes, y específicamente, la noción de un sistema judicial independiente''.

Sectores de la oposición denunciaron esta semana la completa politización del juicio contra el líder opositor Manuel Rosales, quien ha solicitado asilo político en Perú.

Ismael García, disidente chavista del partido Podemos, presentó el domingo un documento en el que la jueza del caso Rosales, Reyna Morandi, fijaba su posición condenatoria, incluso antes de tuviera lugar la audiencia preliminar.

En Venezuela el gobierno "está encarcelando a quienes piensan distinto'' y "tenemos una justicia partidizada y politizada'', dijo el dirigente opositor Julio Borges, presidente del partido Primero Justicia. ocasto@herald.com