Cuando la jueza venezolana Yuri López recibió un expediente en el 2007 que implicaba a un presunto enemigo del gobierno del presidente Hugo Chávez, nunca anticipó que su decisión de defender la autonomía judicial la obligaría a salir del país precipitadamente para garantizar su seguridad y la de su familia.
A mediados del año pasado, el Departamento de Estado aprobó de forma expedita su caso de asilo por razones políticas y la jueza, quien fuera titular del Tribunal 5 de Control del área metropolitana de Caracas, se estableció en Miami. En una entrevista con El Nuevo Herald, López reveló por primera vez un testimonio de primera mano que muestra una inusitada ventana al oscuro mundo de la justicia chavista.
"El sistema de justicia venezolano es una anarquía y actúa al margen de la constitución y las leyes'', aseguró López. "Es lo que diga Chávez, no hay autonomía ni de jueces ni de funcionarios judiciales en el país''.
López describió cómo los jueces en Venezuela reciben constantes presiones, son amenazados abiertamente y se les intervienen sus teléfonos, como estrategias para obligarlos a tomar decisiones que favorezcan los intereses del gobierno.
La jueza aseguró que cuando se negó a seguir instrucciones del despacho de un magistrado del circuito penal de Caracas, el más importante del país, fue acosada por la Guardia Nacional, recibió amenazas de despido, fue advertida de que su seguridad no estaba garantizada, y sufrió el intento de secuestro de su hijo de 11 años.
Explicando los detalles de su caso, tal y como los expuso ante los funcionarios federales que analizaron su petición de asilo, López narró su odisea tras desafiar a altos jerarcas del chavismo al admitir una querella presentada por el empresario venezolano Eligio Cedeño en contra de dos funcionarios de la Fiscalía General de la República.
Cedeño, considerado en ese entonces como un enemigo personal del presidente Chávez, es actualmente uno de los presos políticos más prominentes del sector empresarial en Venezuela. Desde hace dos años permanece detenido en una cárcel de alta seguridad acusado de presuntos delitos tributarios, de contrabando y de distracción de recursos.
Sus abogados, sin embargo, aseguran que su detención obedece a que prestó apoyo al líder opositor Carlos Ortega, actualmente bajo asilo político en Perú.
La jueza López aseguró que cuando admitió la querella por falso testimonio contra los dos fiscales, presentada por Cedeño, "comenzó la guerra en mi contra''. Los fiscales demandados eran Gabriel Estagno y José Gregorio Arreaza, a quienes Cedeño acusaba de haber mentido bajo juramento en el caso que la fiscalía seguía en su contra.
López dijo que durante los tres días previos a que tomara una decisión, recibió llamadas de abogados y altos funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia y de la Fiscalía General, "haciéndome ver que se trataba del caso de un enemigo del gobierno''.
Afirmó que una alta funcionaria judicial le ordenó expresamente "que me inhibiera, que me enfermara o que pidiera vacaciones'', para no tomar una decisión que afectara a los fiscales denunciados.
El mismo día en que recibió el expediente, la funcionaria "me dejó el mensaje de que si quería conservar mi cargo y por mi seguridad, debía inhibirme de tomar una decisión'', señaló.
Poco tiempo después, uno de los funcionarios de la fiscalía acusados en la querella, ‘‘entró violentamente al despacho para advertirme que iba a ser destituida, advirtiéndome que no sabía con quién me había metido''.
Cuando se negó a atender las presiones, la obligaron a tomar vacaciones y un inspector de tribunales llegó a su oficina para recusarla y sacarla formalmente del caso.
A partir de que aceptó la demanda, comenzaron las llamadas telefónicas de amenaza, la persecución de los cuerpos de seguridad del Estado y un intento de secuestro de su hijo menor, denunció la jueza.
"Unos desconocidos trataron de sacar a mi hijo de 11 años de la escuela sin autorización, afortunadamente llegué a tiempo para evitar el secuestro'', dijo López en su testimonio.
El Nuevo Herald trató de obtener una versión de las denuncias tanto de la Fiscalía General como del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, bajo cuya autoridad están las personas mencionadas, pero varios correos electrónicos y mensajes telefónicos no fueron devueltos.
Las denuncias de la jueza Yuri López coinciden con señalamientos hecho públicos por importantes organismos independientes dentro y fuera de Venezuela.
La Conferencia Episcopal Venezolana expresó esta semana sus críticas a "la creciente arbitrariedad en la administración de justicia, en la que no se trata a las personas desde su condición de ciudadanos, iguales ante la Ley, sino por su adhesión ideologica o militancia política''.
Según los obispos, "es inaceptable jurídica y éticamente que no se siga el debido proceso, que se apliquen medidas diferentes según el grupo al que se pertenezca, que se difame y condene a las personas antes de ser juzgadas, que se sentencie basados en argumentos que no tienen relación directa con las acusaciones y se condene sin pruebas fehacientes, que se apliquen penas desproporcionadas que manifiestan retaliación política''.
El más reciente reporte de la organización Human Rights Watch con sede en Nueva York, indicó que el gobierno chavista "irrespeta abiertamente el principio de la separación de poderes, y específicamente, la noción de un sistema judicial independiente''.
Sectores de la oposición denunciaron esta semana la completa politización del juicio contra el líder opositor Manuel Rosales, quien ha solicitado asilo político en Perú.
Ismael García, disidente chavista del partido Podemos, presentó el domingo un documento en el que la jueza del caso Rosales, Reyna Morandi, fijaba su posición condenatoria, incluso antes de tuviera lugar la audiencia preliminar.
En Venezuela el gobierno "está encarcelando a quienes piensan distinto'' y "tenemos una justicia partidizada y politizada'', dijo el dirigente opositor Julio Borges, presidente del partido Primero Justicia. ocasto@herald.com
