La politización del sistema judicial venezolano está generando un creciente saldo de personas detenidas y perseguidas con casos abiertos en las cortes civiles y penales de Venezuela, y promueve la criminalización de opositores, indicó un extenso documento dado a conocer el jueves.
El informe Justicia Bolivariana Vs. Estado de Derecho, que fue lanzado el jueves simultáneamente en Madrid, Caracas y Miami, documenta el caso de 51 perseguidos políticos que han sido encarcelados o mantienen juicios civiles o penales abiertos en la actualidad. Varios de ellos se encuentran fuera del país, como es el caso de Carlos Ortega, Manuel Rosales y Patricia Poleo.
Sus autores son Gonzalo Himiob y Antonio Rosich, ambos abogados y académicos venezolanos, y el jurista Robert Amsterdam, de la firma Amsterdam & Peroff de Toronto y Londres. Amsterdam es famoso por su defensa de Mikkail Kodorkoswky, el presidente de la firma petrolera Yukos encarcelado por desafiar el poder de Vladimir Putin.
Himiob, Rosich y Amsterdam forman parte del equipo defensor del banquero venezolano Eligio Cedeño, en prisión desde junio del 2007 por haber prestado cooperación presuntamente a importantes líderes de la oposición en Venezuela.
El informe revisa exhaustivamente las actuaciones del poder judicial venezolano desde el 2001, cuando el presidente Hugo Chávez estableció una Comisión Judicial para controlar el nombramiento de jueces y magistrados, y concluye que las decisiones están motivadas por razones políticas y no estrictamente legales.
''Chávez tiene el control completo del sistema judicial penal en Venezuela, y lo usa como un arma contra quienes son percibidos como opositores políticos'', indica el documento. ``Su gobierno y sus partidiarios acosan a aquellos que no se alinean políticamente e ideológicamente con la Revolución Bolivariana y usan distintas maneras para perseguir a sus oponentes políticos, que incluyen (entre otras cosas) asaltos en los medios, violencia, censura y cargos penales falsos''.
Con el fin de contrastar las afirmaciones del informe, El Nuevo Herald intentó obtener una versión oficial pero varias llamadas al Ministerio de Información en Caracas no fueron contestadas.
Igualmente, se afirma en el documento que más de 250 estudiantes que fueron detenidos por participar en protestas por el cierre del canal televisivo RCTV, en mayo del 2007, se encuentran actualmente sometidos al régimen de libertad condicional, y con prohibición, dijo Himiob a El Nuevo Herald.
El documento de 53 páginas detalla cómo magistrados del Tribunal Supremo de Justicia manifestaron abiertamente su adhesión al proyecto político de Chávez, entre ellos uno de sus presidentes, Omar Mora, que se comprometió públicamente a sacar de sus cargos a los ''jueces golpistas'', y a promover una ``justicia revolucionaria''.
Los elementos comunes a estos casos de persecusión judicial incluyen denuncias a través de medios de comunicación, imputación de cargos falsos, asignación de los casos a jueces leales al régimen, violaciones al debido proceso, falsicación y manipulación de pruebas por parte de fiscales, sentencias erróneas y de conocimiento de las decisiones de tribunales.
Fuente: Miami Herald
26/06/09
