La defensa del empresario solicitaba la aplicación del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, que otorga el derecho a ser juzgado en libertad.
Berrizbeitia señaló que los fiscales nacionales 50 y 53, William Guerrero y Ana Isabel Hernández, y Daniel Medina, fiscal con competencias especiales en banca, seguros y mercados de capitales, pidieron una prórroga sin la debida motivación como lo exige el COPP.
“Es inexistente la solicitud de prórroga de la Fiscalía, por falta de transparencia y fundamentos de su solicitud, según lo establecido en el artículo 11 de la Ley del Ministerio Público. Transcurridos 28 meses de su detención preventiva, más de la cuarta parte de la potencial condena, la desproporcionalidad de la decisión implica que a Eligio Cedeño lo han condenado antes de ser juzgado", explicó.
Indicó que la defensa demostró que la demora en el proceso no sólo no le era imputable, sino que la Fiscalía retrasó ocho meses el inicio del juicio, mediante tácticas dilatorias. “Por otra parte, la Sala Penal del TSJ tardó un año y medio en resolver un simple avocamiento donde, finalmente, se reconoció el pasado 7 de mayo que Eligio Cedeño no había sido imputado y le había sido negado el derecho a la defensa”.
Berrizbeitia agregó que Díaz rechazó la comparación con el caso de Luis Quiaro, ex Presidente del Banco Industrial, acusado por el mismo delito del que señalan a Cedeño, a quien le fue otorgada la libertad bajo fianza el pasado 22 de mayo.
“Llama la atención que en delitos de alta peligrosidad, las prórrogas han sido hasta por un año (...) Múltiples veces, la fiscal general Luisa Ortega Díaz ha proclamado hasta para Valentín Santana de La Piedrita, que ponerse a derecho permite ser juzgado en libertad. Un atropello más, un preso político más", concluyó.
Fuente: Noticiero Digital
05/06/2009
Con mucho agrado he incluido este espacio en "Mis enlaces" (Venezuela)
ResponderEliminarEn el home, parte de Categorías está la de Eligio, sobre lo que he publicado sobre él.
Abrazos, toda mi solidaridad y que se haga justicia con su caso caracterizado por violaciones al proceso, como todos los relacionados con los presos políticos.
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